Proponen que el Estado garantice la educación inicial desde
los 45 días
El interbloque del FpV presentó un proyecto de ley de
educación propio, en el que también establecen límites al financiamiento de
establecimientos privados. También determina contenidos transversales en todos
los niveles y contextos como sexualidad, interculturalidad y cooperativismo.
Los y las diputadas de la Legislatura neuquina que conforman
el interbloque del Frente para la Victoria (PJ, Nuevo Encuentro, Frente Grande,
FyPN ) presentaron un proyecto de ley educativa para que sea tenido en cuenta
en el Foro Educativo, que había terminado en 2011, pero fue reabierto en
términos poco claros. Sucede que cuando se creó el Foro hace dos años, se
realizaron actividades y se tomaron propuestas de la comunidad que confluyeron
en un proyecto de ley de educación. Pero la normativa que regula el Foro
establecía que la ley debía ser producida por un Consejo que nunca se formó.
Por ello este año se retomaron las actividades del Foro con disertaciones y con
la “bajada” del proyecto original a todas las escuelas de la provincia.
En este contexto el proyecto del interbloque busca ser
tenido en cuenta a la hora de consolidar una nueva normativa que regule la
educación en Neuquén.
Entre los puntos salientes, se destaca la propuesta de que
“la Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as
niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad
inclusive, siendo obligatorio el último año”. Esto solucionaría los reclamos de
Aten, de padres y madres por la falta de salas de 3 y 4 años. Hasta el momento
solo la de 5 es obligatoria.
También se establece que en todos los niveles y modalidades
se deben garantizar contenidos transversales como: Derechos Humanos, ciencia y la tecnología,
educación Ambiental, educación sexual, educación vial, educación intercultural,
cooperativismo, derechos del consumidor,
producción hidrocarburífera, energías renovables, y diversificación de
la matriz productiva provincial.
En cuanto a la educación privada, se determina que el Estado
hará aportes financieros a establecimientos que estén basados en “criterios
objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple
en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo o
propuesta experimental”. Y que quedarán excluidos aquellos que cobren de manera
obligatoria arancel, matrícula, cuota o cualquier tipo de prestación
pecuniaria.
Los diputados que impulsan el proyecto son Rodolfo Canini,
Raúl Podestá, José Rioseco, Luis Sagaseta y Amalia Jara.
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